En este contexto, también debe revisarse públicamente el papel de las organizaciones dedicadas al tema. Hasta la fecha, cada foro al que convocan resulta inútil para avanzar contra la impunidad y solo ha servido para el lucimiento de los organizadores.

Es evidente que la demanda de garantizar la protección al ejercicio periodístico transita por un camino equivocado. El nombre de los periodistas asesinados y privados de su libertad suele utilizarse como bandera en foros y por muchas ONG. Sin embargo, no existe una estrategia para dar un seguimiento técnico jurídico a cada expediente en particular y ni para obligar al Ministerio Público (de la Federación o del Fuero Común) a que acelere sus conclusiones y deslinde responsabilidades.

Se necesita darle seguimiento a cada carpeta de investigación para que los procedimientos ministeriales avancen. Pero con herramientas jurídicas, no con comunicados de prensa para lamentar cada caso que se registra y solicitar su resolución (que es lo obvio y no requiere de siglas).

Hay suficientes recursos jurídicos para obligar al Ministerio Público a que haga su trabajo: si faltan declaraciones de testigos, que las busque; si no hay pruebas de ADN, que las ordene; si se carece de exámenes de balística, que los exija. Los expedientes no pueden estar “congelados” por que al agente del Ministerio Público simple y llanamente no se le pega la gana continuar, o porque tiene interés en detenerse. También hay herramientas legales para demandarlo por omisión y negligencia y para que sea sustituido del encargo.

Las asociaciones civiles, fundaciones y organismos que abanderan la lucha por las libertades de expresión y prensa dedican mucho tiempo y dinero a la organización de foros (que en realidad sirven para justificar la obtención de fondos, nacionales y extranjeros). Pero omiten darle un seguimiento jurídico a cada caso en particular, con alguna rara excepción, que es lo que se necesita de manera urgente, sea donde sea el lugar en el que se cometió el delito.

Las ONG tampoco vigilan que las familias de las víctimas sean protegidas según la ley ni que los huérfanos queden en el desamparo (que se paguen seguros de vida, los gastos de educación de los hijos, que se les indemnice  o que se erogue la pensión correspondiente a las viudas y quien tenga ese derecho). Desde luego, las organizaciones no tienen porque llevar a cabo ese seguimiento y ese cuidado, siempre y cuando no utilicen el nombre de las víctimas para obtener financiamiento en su beneficio. Y cada vez que citan el nombre de una víctima lo están haciendo.

La mayoría de los familiares de periodistas víctima de homicidio y de privación ilegal de libertad carecen de recursos económicos para fungir como coadyuvantes del Ministerio Público en las investigaciones. Menos tienen para pagar a un abogado que lo haga. Por eso la mayoría no utiliza esa herramienta para estar cerca de las indagatorias y cuidar porque cada uno de los expedientes sea integrado sin errores, sean éstos por omisión, negligencia o con la intención de contaminar pruebas y entorpecer los procedimientos.

La situación descrita justifica que se cancele el Premio Nacional de Periodismo –programado para entregarse el 21 de abril–, la organización de foros inútiles y que los recursos se reorienten de manera eficaz. Por ejemplo, sería justo y ético que el millón de pesos de presupuesto anual del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC sea destinado para el pago de abogados que funjan de coadyuvantes del Ministerio Público al menos en los casos para los que el dinero alcance.