“Quizá el doctor Octavio Alberto Orellana Wiarco sea un excelente abogado –como asesor y postulante–, tal vez un buen juez penal, un Notario Público sobresaliente y a lo mejor un gran académico y teórico del Derecho. Pero es probable que ni siquiera lea los periódicos. Su currículo puede resultar apantallante para un alumno de leyes, y a cualquier profesionista, no obstante carece de los antecedentes necesarios para desempeñar el delicado cargo que ahora ocupa: Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas”.

Eso publiqué en DiaSiete.com el 13 de enero de 2009. En efecto, su abulia y desinterés le impidieron ejercer ética y correctamente su trabajo. El ejemplo más notable es su intervención en el asesinato de Armando Rodríguez, periodista de El Diario de Ciudad Juárez. Unas horas después del homicidio, su oficina liberó un comunicado de prensa para dar a conocer la atracción de las investigaciones. Pero mintió. Nunca hizo lo necesario para atraer el expediente y el caso ahora se encuentra en el limbo jurídico y el crimen en la impunidad, como el de tantos periodistas y miles de personas en Ciudad Juárez.

 

Enseguida puede leerse el comunicado de prensa oficial de la PGR, mediante el cual se informa de la designación de Gustavo R. Salas Chávez como relevo de Orellana Wiarco, cuyo nombre se omite en el documento. No se informó el estatus del ahora ex titular ni los motivos por los cuales dejó el cargo, o si renunció o lo despidieron.

 

Es necesario que la PGR inicie una investigación interna para determinar si Orellana Wiarco incurrió en omisión y negligencia en el desempeño de su cargo, lo que ha dado como resultado el retraso en la justicia de los casos de periodistas víctimas de homicidio y de agresiones que debió investigar y resolver por ley. ¿A cuántos asesinos y agresores envió a la cárcel? La impunidad es el principal enemigo de los periodistas.

 

Más abajo, incluyo el artículo que publiqué en DiaSiete.com el 13 de enero de 2009, cuyo contenido es tan vigente ahora como entonces.

 

DESIGNA EL PROCURADOR ARTURO CHÁVEZ A GUSTAVO R. SALAS COMO TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA PERIODISTAS

 

Lunes, 15 de Febrero de 2010  Boletín 172/10

 

El Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, designó como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas a Gustavo R. Salas Chávez, quien cuenta con amplia trayectoria profesional en las áreas de procuración de justicia y seguridad nacional.

 

Salas Chávez tiene instrucciones precisas del procurador Chávez de revisar a profundidad cada uno de los casos registrados en la Fiscalía Especial y abatir la impunidad, así como reorganizar la estructura del área.

 

En dos ocasiones, Salas Chávez fungió como Fiscal Central de Homicidios y también Director de Averiguaciones Previas; de igual manera fue Delegado de la PGJDF en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Venustiano Carranza y Coordinador General del Ministerio Público Especializado.

 

Hasta ahora, Salas Chávez se desempeñaba como Coordinador de Asesores en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Asimismo ha sido agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM); jefe de las unidades departamentales de Investigación, Verificación y Seguimiento en la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del DDF.

 

Fue Delegado Regional en la Costa Chica y Centro en la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero (PGJEG) y Director de Profesionalización y Extensión Académica en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

 

En la PGR fue Director General del Ministerio Público Federal Antinarcóticos del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) y asesor del Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

 

También fue Subsecretario de Seguridad Pública de Chiapas y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal se desempeñó como Director General Adjunto de Planeación Académica de la Policía Federal Preventiva y Director General Adjunto de la Academia Nacional de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y cursó estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y en la Universidad Autónoma de Barcelona.

 

Ha sido profesor de asignatura en materias vinculadas a las ciencias penales y al derecho administrativo en diversas instituciones de educación Superior, entre ellas la Facultad de Derecho de la UNAM, el INACIPE, el Centro de Estudios Universitarios, el Centro Universitario “Incarnate World”, la Universidad del Pedregal y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

 

También ha sido profesor invitado en la Universidad de Estudios de Postgrado, en la Universidad Panamericana campus Guadalajara, en el ITESM “Tecnológico de Monterrey” campus Santa Fe y en el Instituto Nacional de Administración Pública.

 

Ha impartido numerosas conferencias en México y en el extranjero, así como en diversas universidades e instituciones de justicia y seguridad pública. Fue seleccionado por el Gobierno de los Estados Unidos de América para participar en el Programa de "Visitantes Internacionales" auspiciado por el Departamento de Estado con el objeto conocer el funcionamiento del sistema de justicia anglosajón.

 

Es autor y coautor de las obras: Ministerio Público Especializado: Instrumento de Modernización en la Procuración de Justicia, INAP-PGJDF.1993; La Investigación Criminal, Porrúa 1999 segunda edición Ed. 2000, Ter 2004; El Sistema Penal Mexicano. Porrúa 2002.

 

Hasta aquí el comunicado de prensa de la PGR, que puede consultarse en el siguiente link:

http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol10/Feb/b17210.shtm

 

Enseguida, el artículo de DiaSiete.com

 

El fiscal de hielo

 

Por José Pérez-Espino

 

Quizá el doctor Octavio Alberto Orellano Wiarco sea un excelente abogado -como asesor y postulante-, tal vez un buen juez penal, un Notario Público sobresaliente y a lo mejor un gran académico y teórico del Derecho. Pero es probable que ni siquiera lea los periódicos. Su currículo puede resultar apantallante para un alumno de leyes, y a cualquier profesionista, no obstante carece de los antecedentes necesarios para desempeñar el delicado cargo que ahora ocupa: Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas.

 

Orellano Wiarco fue designado el 14 de marzo de 2007 y lo más natural, para muchos, era concederle el beneficio de la duda, aunque no tuviera una experiencia previa como agente del Ministerio Público. A la distancia, el balance de resultados no le favorece. En términos de costo-beneficio, y de medición de eficiencia, el saldo de su gestión es negativo. Prácticamente todos los casos de periodistas víctima de homicidio permanecen impunes.

 

El Fiscal Especial es originario de Acámbaro, Guanajuato, pero ha desarrollado su carrera profesional en Durango y Coahuila. De acuerdo con su currículo oficial, es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Historia por la Escuela Normal Superior de México y doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango.

 

En La Laguna, durante 10 años fue abogado asesor del Banco Nacional de Crédito Agrícola (1961-1971); un par de años fue juez penal en Torreón, Coahuila (1972-1974); otros cinco fue abogado postulante (1974-1979); y, durante una década fue Notario Público (1979-1999).

 

Durante el sexenio del gobernador Enrique Martínez y Martínez, fungió como director del Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, de 2000 a 2006. En suma, una carrera estable.

 

Además de que ha sido profesor en instituciones de Durango y Coahuila, la editorial Porrúa ha publicado algunos de sus libros, que se utilizan como texto en varias universidades del país (Manual de Criminología, La teoría del delito. Sistemas causalista y finalista y El delito de defraudación fiscal). Entonces, si egresó de la UNAM hace medio siglo, en 1958, y su trayectoria parece impecable, ¿qué hace investigando delitos contra periodistas?

 

En resumen: nada. El caso del periodista Armando Rodríguez Carreón, de El Diario de Ciudad Juárez, asesinado a tiros el 13 de noviembre de 2008 -hace dos meses-, ilustra la ineficiencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República. Al menos exhibe que tiene facultades acotadas y bastantes pretextos para no garantizar a las víctimas el derecho de acceso a la justicia. Sin contar que los legisladores dejaron para después, o para nunca, la propuesta de elevar al fuero federal los delitos contra periodistas en el recién concluido periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

 

El mismo 13 de noviembre, según se citó en los medios, la PGR liberó un comunicado de prensa para informar que la Fiscalía Especial “ejerció la facultad de atracción respecto del homicidio en agravio del periodista José Armando Rodríguez Carreón”, para lo cual el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a Chihuahua inició la averiguación previa PGR/CHIHUAHUA/JUÁREZ/1598/2008-VII.

 

Ahora sabemos que el dato es falso. Esa instancia no ha ejercido la facultad de atracción de la indagatoria. La reportera Sandra Rodríguez, de El Diario, se ha encargado de documentar que, en realidad, la investigación se encuentra en el limbo jurídico.

 

La Procuraduría de Justicia del Estado aún tiene la carpeta de investigación original y la Fiscalía Especial sólo atraerá el caso si la delegación de la PGR en Chihuahua establece que el asesinato está ligado a la delincuencia organizada. De lo contrario, el Agente del Ministerio Público Federal básicamente determinará que no tiene competencia para investigar el homicidio y, por lo tanto, dejará que lo resuelva el fuero común.

 

Por eso el prestigio del doctor Octavio Alberto Orellano Wiarco se está derritiendo como una barra de hielo en el desierto. Si acaso invirtiera un poco del capital ganado en medio siglo de experiencia, para resolver los delitos contra periodistas que le corresponde perseguir por ley, seguramente su retiro profesional podría ser más honorable.

 

En este momento, sin embargo, solo puede ser el de un funcionario gris que abonó a la impunidad en los casos de periodistas víctima de homicidio. Y la impunidad es el principal enemigo de las libertades de expresión y de prensa, no la delincuencia organizada y los poderes político y económico.

 

El texto original se encuentra en:

 

http://diasiete.com/13-01-2009/el-fiscal-de-hielo