Los juarenses y sus ancestros han librado guerras ajenas durante siglos. Han sido víctimas de las decisiones de corte bélico por parte del gobierno central. Desde el periodo virreinal, todas las autoridades se han servido de Paso del Norte y de Ciudad Juárez y también todos le han abandonado a su suerte.

Entre 1680 y 1693 los indios Pueblo se sublevaron contra la dominación española e instalaron su propio gobierno en Santa Fe. Los gobernadores ibéricos trasladaron la capital de Nuevo México a Paso del Norte. Después del refugio, se desatendieron de la región.

Durante la guerra contra Estados Unidos los habitantes de Paso del Norte, prácticamente con piedras y palos, hicieron frente a las fuerzas invasoras del general Alejandro Doniphan. Buena parte entregó su vida. La bandera de Estados Unidos se izó el 27 de noviembre de 1846 y la ciudad se convirtió en frontera dos años después, a raíz del Tratado de Guadalupe Hidalgo. La población fue otra vez víctima del desamparo federal.

Bajo esa misma indiferencia, por más de un siglo la ciudad y sus habitantes padecieron las consecuencias de la guerra que pretendió el exterminio de los apaches, promovida por el Virreinato español primero y por el gobierno de Chihuahua después.

En la frontera de Paso del Norte se refugió el gobierno itinerante de Benito Juárez durante la segunda intervención francesa. Se convirtió en capital de la República en 1865, pero el Benemérito de las Américas la dejó en el abandono y aún así la ciudad adoptó su apellido como propio.

En Ciudad Juárez triunfo la Revolución maderista. Las tropas comandadas por Francisco Villa y Pascual Orozco derrotaron al general Juan N. Navarro el 10 de mayo de 1911 y obligaron a la firma de los Tratados de Paz para forzar la renuncia de Porfirio Díaz. Pero Francisco I. Madero, quien no consideraba como una prioridad la toma de la plaza, fue asesinado después. Años más tarde, en 1916, Venustiano Carranza permitió una nueva invasión de Estados Unidos y el ejército gringo cruzó por Ciudad Juárez. La expedición punitiva del general John J. Pershing no pudo capturar al Centauro del Norte y, desde entonces, la frontera fue abandonada a su suerte por los gobiernos revolucionarios que asumieron el poder central.

Un laboratorio

La ciudad fue útil para todo tipo de experimentos a lo largo del siglo XX. En la época de la Ley Seca en Estados Unidos, en los años veinte y treinta, sirvió para fabricar y surtir de alcohol a los contrabandistas. En la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el principal punto de cruce de opio cultivado en las sierras de Chihuahua, Sinaloa y Durango y también se alentó un turismo sexual para prestar servicio a los militares asentados en Fort Bliss, en El Paso. En la década de los sesenta, se creó un modelo maquilador de exportación para servir a las multinacionales de Estados Unidos con mano de obra barata y femenina.

Otros hechos tuvieron un impacto directo en Ciudad Juárez. En 1965, un grupo de maestros intentó tomar por asaltó el cuartel militar de Madera y fueron sofocados, pero así nació la Liga Comunista 23 de Septiembre, que dio origen a la guerrilla urbana en el país. La frontera aportó una buena dosis de insurgentes y en sus calles se sufrió la persecución, el asesinato y la desaparición de activistas por parte de la policía secreta.

A partir de 1977 se inició en las serranías del Triángulo Dorado la Operación Cóndor (entre Chihuahua, Durango y Sinaloa), lo que impactó en las zonas urbanas y en la frontera por los abusos a los derechos humanos por parte de militares y policías federales con el pretexto del combate al narcotráfico y la cacería de guerrilleros.

En los años ochenta se registró una insubordinación política que promovió la alternancia partidista en las presidencias municipales y en la administración estatal. En los noventa, Francisco Villarreal encabezó una lucha para demandar un federalismo justo para mejorar el reparto de recursos fiscales a los estados y municipios. El gobierno central sólo aparentó escuchar.

Por décadas, la ciudad ha crecido casi al doble que la media nacional, buena parte por la migración de miles de personas de estados del sur del país que no generan el suficiente empleo para sus habitantes. Muchos quieren cruzar a Estados Unidos pero optan por quedarse. Otros han llegado en busca de oportunidades de trabajo. Pero los recursos federales no fluyen en la misma sintonía y el rezago en la infraestructura citadina se ha multiplicado ante las necesidades de vivienda, educación y salud. La Ley de Coordinación Fiscal y ninguno de los Programas Federales contempla recursos adicionales para los estados y municipios receptores de migrantes.

Amnistía o castigo

La indolencia oficial que ha propiciado un rezago de siglos en Ciudad Juárez tiene nombre y apellidos. La omisión y la negligencia en el desempeño de cargos públicos ha generado que la frontera se encuentre hoy inmersa en la peor crisis económica y de seguridad de su historia. La gran asignatura pendiente es la impunidad. Miles de personas víctima de homicidio dan cuenta de nuevas guerras que se libra en la frontera. O los damnificados por delitos conexos, como el secuestro, la extorsión y el robo de autos, a negocios y a viviendas. La frontera padece de las luchas del Gobierno Federal contra el narcotráfico, además de la confrontación que libran las corporaciones delictivas entre sí por el control de la venta y tráfico de drogas interno y el contrabando hacia Estados Unidos.

El asesinato de 16 civiles inocentes abrió los ojos del país. El gobierno central y todos los medios impresos y audiovisuales, al mismo tiempo, voltearon a Ciudad Juárez. Existe ahora una demanda unánime de justicia, pero también de que las políticas públicas cambien. La legislación mexicana es rica en lagunas jurídicas y omisiones que permiten que un servidor público no rinda cuentas y que tampoco sea castigado por negligencia en el servicio público. A menos que se trate de una persecución política. El derecho de acceso a la justicia es letra muerta.

El Estado Mexicano tiene una responsabilidad y una deuda centenaria con Ciudad Juárez. Los tres poderes de la Unión han sido omisos y han incurrido en negligencia para mantener la estabilidad social en la frontera, como en casi en todo el país. Es tiempo de generar o una gran amnistía para terminar la guerra que ha involucrado a buena parte de los mexicanos al atentar contra la seguridad nacional del país, la vida y el patrimonio familiar de miles de mexicanos. Pero también es urgente que se castigue conforme a la ley a quienes han ocupado un cargo público y han incumplido con su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley.

Que la impunidad no siga matando mexicanos.